Los peritos psicológicos judiciales acreditados son un recurso fundamental para el logro de la justicia; estos personajes, a través de su conocimiento científico cooperan constantemente en los juicios donde se les requiere, aportando información que de ninguna otra manera podría conocer el juez.
Visto de esta manera, ellos se convierten en una especie de intérpretes y analistas de los hechos que trascienden del área jurídica, explicando de manera sencilla, conforme a las inquietudes de las partes, los hechos derivados de sus informes.
Ahora bien, sabemos que cuando se requiere de un perito psicológico, es porque se está desarrollando un caso en el que alguna de las partes ha sido examinada por dicho profesional y es menester su declaración acerca de las conclusiones a las que ha llegado tras aplicar el tratamiento al paciente. Pero ¿qué pasaría si mienten ante un juez? Este es un riesgo posible, porque en definitiva, es humano y podría estar parcializado.
¿La verdad y nada más?
Antes de declarar, los peritos psicológicos, así como los testigos, deben juramentarse, a fin de ofrecer a las partes la seguridad de que dirán la verdad y se esforzarán por mantener la mayor objetividad que les sea posible.
Sin embargo, el destino de un juicio no puede reposar únicamente en la palabra de una persona, en virtud de ello, el Código Penal establece severas sanciones a quienes intentan burlar al sistema de justicia mediante un falso testimonio, dicha disposición es aplicable a los peritos e incluye pena de prisión y multas según el caso.
Pero, el falso testimonio no es el único delito en el que pueden incurrir, también serán sancionados si se rehúsan a ofrecer declaración acerca de los resultados del dictamen, cometen cohecho o una falta contra el orden público.
Para evitar que tales delitos sean cometidos durante el desarrollo de un proceso en el que estamos involucrados, conviene indagar la reputación del profesional que se propone como perito, dado que dicha trayectoria será la mejor garantía en cuanto a la eficiencia con la que trabaje, así como al cumplimiento de las normas legales y éticas aplicables a sus actuaciones.